El hecho de que una fuente de energía limpia y renovable como la energía solar no tenga un mayor protagonismo en la realidad social de nuestro país, se debe, principalmente, a las diferentes legislaciones existentes al respecto a lo largo de las últimas décadas.
Partiendo de la base de que España es uno de los países europeos con más horas de sol al año, era normal que desde el gobierno se apostase desde un principio por esta tecnología para la obtención de energía eléctrica barata. Y de hecho así fue en los inicios, llegando a ser España, en el año 2008, uno de los países con mayor potencia fotovoltaica instalada a nivel mundial.
Este impulso de la energía solar y las renovables en general, se inició a finales del pasado siglo. Desde los organismos europeos se trataba de favorecer el uso de éstas, y España creo un marco regulador favorable que las impulsase. Tras un par de modificaciones en los reales decretos que regulaban esta actividad, las energías renovables alcanzaron su velocidad de crucero, y experimentaron un importante desarrollo en un plazo muy breve de tiempo.
Pero a partir del 2008 la situación cambió sustancialmente. El 30 de Septiembre de ese año el gobierno aprobaba una nueva regulación en la que las energías fotovoltaicas ya no recibían una prima tan alta por Kwh fotovoltaico que se inyectaba en la red, sino que las primas, además de reducirse, pasaron a ser variables en función de la ubicación de la instalación. Estas y otras modificaciones incluidas en el Real decreto aprobado en esa fecha, tuvieron como consecuencia un frenazo inmediato del sector.
La crisis de éste no hizo sino agravarse posteriormente, cuando nuevos cambios legislativos todavía empeoraron más la situación. En 2010 y 2012, se aprobaron nuevos reales decretos que en la práctica desincentivaban totalmente el uso de este tipo de energías, en primera instancia, limitando las primas hasta una fecha concreta, y posteriormente eliminando éstas para las nuevas plantas fotovoltaicas que se instalaran desde ese momento.
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Situación actual de la energía solar en España
La energía solar no pasa por su mejor momento en la actualidad. Para que la energía solar pueda transformarse en electricidad y acceder a la red ha de superar un gran número de requisitos, que incluyen permisos del gobierno y autorizaciones de las compañías eléctricas operativas en un área concreta. Y son estas las que, con las trabas que ponen, impiden que la energía solar se convierta en una alternativa práctica.
Las compañías eléctricas aducen motivos técnicos para justificar estas actuaciones, pero la realidad es que el verdadero motivo que se esconde tras esta clase de comportamientos está en el deseo de que la población no pueda autobastecerse de energía eléctrica, así como sus intereses en otras fuentes energéticas.
El gobierno, por su parte, también justifica su actuación poco favorable a las energías renovables con el argumento de que debe que el recorte de ayudas al sector debe ser impulsado para atajar el déficit de tarifa, o lo que es lo mismo, la desviación entre costes e ingresos del mercado eléctrico.
Sin embargo, y según afirman las empresas del sector, este déficit que achacan a las primas concedidas a las energías renovables, se debe a muchos otros motivos, teniendo las ayudas a este tipo de energías un impacto de sólo un 20% del total del déficit.
Razones para la actual situación
España, y en concreto la comunidad autónoma de Andalucía son las zonas de mayor radiación solar de Europa, por lo que el autoconsumo de energía sería una gran solución para un enorme número de familias que verían así reducida de manera notable su factura por este concepto.
¿Por qué entonces desde los distintos gobiernos se ponen tantas trabas al autoconsumo? La primera y principal razón para ello es que gran parte del montante de la factura eléctrica que pagan las familias españolas corresponde a impuestos. En concreto, hasta un 55% por ciento. Por lo tanto, una reducción significativa de la factura eléctrica aplicada a una gran parte de la población, tendría importantes consecuencias en el dinero que la administración recauda.
Esta postura podría entenderse, hasta cierto punto, como razonable, pero deja de serlo tanto cuando se tiene encuenta que no son únicamente los intereses generales de la población los que defienden durante su estancia en el poder.
Las llamadas “puertas giratorias” son una realidad que afecta y mucho, las decisiones de los miembros de un gobierno. Un buen número de los antiguos gobernantes, una vez cerrado su ciclo en la vida política, encuentran acomodo en consejos de administración de empresas importantes. Y muchas de ellas son, cómo no, eléctricas.
Teniendo en cuenta, por tanto, que su futuro depende en gran medidas de mantener unas relaciones cordiales con estas empresas no es extraño que las legislaciones aprobadas en la ultima década hayan sido cada vez más restrictivas con las energías renovables, ya que entran en conflicto directo con los intereses de estas grandes compañías eléctricas.
El autoconsumo y el impuesto al sol
Con la excusa de que las instalaciones de autoconsumo deben de contribuír a la financiación del sistema de red eléctrico en la misma medida que el resto de consumidores, el real decreto que regula esta práctica establece el pago de impuestos a quienes opten por este sistema, en lo que se conoce como “impuesto al sol”
Esta medida choca en la práctica con las disposiciones europeas al respecto de las energías renovables, y así lo expresa en un documento publicado por el Parlamento Europeo en relación a las políticas sobre energía solar de la Unión Europea y sus estados miembros.
Dicho documento expresa lo injusto de tal medida, ya que, entre otras cosas, afirma que el exceso de electricidad que los particulares puedan suministrar a la red, no se les remunera, y en la práctica supone un tirón de orejas en toda regla respecto a la política energética que en España se lleva a cabo actualmente.
